Pensar la contemporaneidad: ADN para inmigrantes

Cristina Civale

Ahora es Francia la que lanza una medida que nuevamente atenta contra el derecho de las personas, otra vez los inmigrantes, e incluso infringe los establecido por su propio Código Civil.



Aquí va la noticia que leí en Le Monde el miércoles pasado y que en los días sucesivos rebotó en importantes medios europeos:

"La mayoría de centro derecha liderada por el presidente Nicolas Sarkozy, la UMP, espera introducir una enmienda a la nueva ley de inmigración que autoriza el recurso al test de ADN para aquellos inmigrantes que demanden una visa por el procedimiento del reagrupamiento familiar.

La medida choca abiertamente con la legislación vigente. Concretamente, con el artículo 16 del Código Civil, que establece que 'el estudio genético de las características de una persona no puede llevarse a cabo más que con fines médicos o de investigación científica'.

La enmienda presentada por Mariani establece que para la concesión de visados de más de tres meses, 'en caso de serias dudas sobre la autenticidad del acta de estado civil', los agentes diplomáticos o consulares puedan "proponer' al demandante del visado 'que ejerza, a su costa, la facultad de solicitar la comparación de sus huellas genéticas con el fin de verificar una filiación biológica declarada".

El coste de esta prueba se estima entre 150 y 250 euros y parece evidente que en muchos de los países de donde proceden los inmigrantes la realización de estas pruebas sería muy problemática.

La enmienda presentada por el diputado de la UMP evita en todo momento establecer que las pruebas de ADN puedan ser obligatorias, pero las asociaciones de ayuda a los refugiados consideran que, de aprobarse, se convertiría en una poderosa arma en manos de las autoridades de inmigración, que podrían aplazar indefinidamente aquellos casos en los que los protagonistas se negaran a someterse a las pruebas.

La medida trata de acelerar el actual procedimiento administrativo y evitar el elevado fraude que se registra en las declaraciones de estado civil.

La oposición socialista considera que la medida no tiene en cuenta a los hijos adoptados e ilegítimos y cuestiona a la administración de los países de origen.

Para las asociaciones que defienden los derechos de los inmigrantes se trata de una medida 'inadmisible' que "rompe con el espíritu mismo de la República".

Entre las otras enmiendas introducidas destinadas a endurecer la emigración se prevé exigir a los candidatos al reagrupamiento familiar que demuestren unos ingresos superiores a 1,3 el salario mínimo, es decir unos 1300 euros mensuales, y crear un fichero biométrico de aquellos emigrantes que aceptan las ayudas de retorno a sus países para evitar que una misma persona las pueda solicitar varias veces".

¿Será esto el paroxismo de la sociedad de control?