Espanha: igreja e direita, mesmo credo
Manifestação da igreja e da direita contra o governo Zapatero
As fotos “ambíguas” do calendário romano e a postura nada ambígua do clero espanhol
La Conferencia Episcopal emite una nota orientando el voto, en la que ataca la negociación con grupos terroristas, el matrimonio gay o la asignatura de ‘educación a la ciudadanía’.
JUAN G. BEDOYA - Madrid - EL PAÍS
El portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, no ha querido hoy cerrar el silogismo del voto católico ante las elecciones del próximo 9 de marzo, pero ha expuesto contundentes razonamientos lógicos para deducir que la aversión episcopal hacia el actual Gobierno y contra el PSOE no tiene remedio. “En España, en estos momentos, hay varias leyes que son gravisimamente injustas y deben ser cambiadas porque lesionan derechos fundamentales”, ha dicho el portavoz. Además, ha subrayado que las palabras del cardenal arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, el pasado día 30 de diciembre en la masiva concentración de las familias católicas en Madrid, reflejan “lo que opina la asamblea plenaria” de los obispos. Incluso ha ido más lejos. El cardenal García-Gasco dijo en la plaza de Colón que las leyes inicuas y la cultura del laicismo radical conducen a la “disolución de la democracia”. Martínez Camino ha añadido hoy que esas leyes, por alejarse de la “recta razón” y de la dimensión moral de la sociedad, “degeneran sin remedio en dictadura, discriminación y desorden”, y conducen a una sociedad “desvertebrada, literalmente desorientada, fácil víctima de la manipulación, de la corrupción y del autoritarismo”.
¿Qué partidos políticos merecen las complacencias episcopales? Martínez Camino no ha citado a ninguno hoy, pese a la insistencia de los periodistas, pero ha dejado claras las premisas. Incluso ha ironizado sobre el mal menor y el mal mayor, cuando se le ha puesto sobre la mesa las siglas del PP y del PSOE. Ha dicho: “¿El voto por el mal menor? Pues sí. O el voto por el bien mayor, que es la otra cara de la misma moneda. Del voto moral y responsable depende la democracia. No hay democracia sin moral”.
Los católicos, ha reiterado, “y todos los que deseen escuchar” a los obispos deben acudir a votar a partidos y programas “compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana”. Textualmente, la llamada Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ante las elecciones generales de 2008, emitida hoy después de más de cuatro horas de debate, afirma que los votantes “para actuar responsablemente” deben tener en cuenta “el aprecio que cada partido, cada programa y cada dirigente otorga a la dimensión moral de la vida” porque, se añade, “la aconfesionalidad del Estado no se debe confundir con la desvinculación moral”.
Entre las “consideraciones” de la Nota episcopal para “el ejercicio responsable del voto” los prelados destacan la “defensa de la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, y la promoción de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Asimismo, critican “las dificultades para incorporar el estudio libre de la religión católica en los currículos de la escuela pública” y a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía que “lesiona el derecho de los padres a formar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas y morales”.
También hacen los prelados una apelación electoral a cuenta de la política antiterrorista, claramente crítica con el Gobierno actual. Dicen: “Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político”.
En la nota, los obispos también hacen referencia crítica a los nacionalismos, pese a reconocer “la legitimidad de las posiciones nacionalistas, que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretenden modificar la configuración política de la unidad de España”. De inmediato subrayan la necesidad de “tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria” (el subrayado es de la propia nota episcopal) y “superar decididamente las tendencias corporativas y los peligros del separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada” por parte de todos”. Añaden: “Hay que evitar los riesgos de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública en favor de pretensiones particularistas o reivindicaciones ideológicas.
Los obispos han aprobado hoy esta nota electoral en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, integrada por 23 prelados, entre ellos los cardenales Antonio María Rouco (Madrid), Antonio Cañizares (Toledo), Lluís Martínez Sistach (Barcelona) y el ya citado García-Gasco (Valencia). No ha acudido el prelado de Sevilla, cardenal Carlos Amigo. El documento fue redactado en origen por la secretaria general del organismo, que ostenta el jesuita Martínez Camino, desde hace quince días obispo auxiliar de Madrid. Tiene 1.095 palabras y ha ocupado casi cinco horas de debate (”entre cuatro y cinco horas”, según Camino), mereciendo serios retoques de los reunidos antes de ser votado. Obtuvo 17 votos a favor, uno en contra y un sufragio en blanco. “Unanimidad moral”, ha despachado el asunto el portavoz, sin dar detalles.
El portavoz episcopal ha sostenido que la nota ofrece unas 55 orientaciones de voto. Pero las más radicales se refieren a la legislación aprobada por el Gobierno Zapatero en la legislatura que ahora termina. “Es preciso afrontar con determinación y claridad de propósitos”, señala citando al Papa Benedicto XVI, “el peligro de opciones políticas y legislativas que contradicen valores fundamentales y principios antropológicos y éticos arraigados en la naturaleza del ser humano, en particular con respecto a la defensa de la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, y a la promoción de la familia fundada en el matrimonio, evitando introducir en el ordenamiento público otras formas de unión que contribuirían a desestabilizarla, oscureciendo su carácter peculiar y su insustituible función social. La legislación debe proteger al matrimonio, empezando por reconocerlo en su ser propio y específico”.
También señala que “no es justo tratar de construir artificialmente una sociedad sin referencias religiosas, exclusivamente terrena, sin culto a Dios ni aspiración ninguna a la vida eterna”. Apuntan aquí, entre otras cosas, a “las dificultades crecientes para incorporar el estudio libre de la religión católica en los currículos de la escuela pública, así como el programa de la nueva asignatura, de carácter obligatorio, denominada Educación para la Ciudadanía, que lesiona el derecho de los padres -y de la escuela en colaboración con ellos- a formar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales”.
En la conferencia de prensa, el obispo portavoz ha llegado a decir que las palabras esposo y esposa, o marido y mujer son “poesía” para el Gobierno socialista porque las ha suprimido el Código Civil al legislar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. También sostuvo que el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos en los criterios morales de cada cual han saltado por los aires con la reforma educativa socialista. Cuando un periodista le ha hecho notar que cada padre puede llevar a sus hijos a catequesis en las parroquias para recibir la educación moral católica, el portavoz ha replicado con celeridad: “Por supuesto que pueden. A catequesis y el fin de semana a la sierra. Pero aquí estamos hablando de leyes que lesionan derechos fundamentales de los padres”.
Ninguna mención a la negociación con ETA en 2004
Una referencia casi textual de la mención hecha hoy sobre este tema puede encontrarse en cambio en una instrucción pastoral titulada Orientaciones morales ante la situación actual de España que la CEE difundió en noviembre de 2006. En aquella ocasión, los obispos admitían la indulgencia para los etarras que abandonaran la lucha armada pero afirmaban que: “Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político legítimo de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político”.
